La opinión pública, ha sido sorprendida con la declaración oficial del Gobierno, a través de su vocera, Sra. Carolina Tohá, quién dijo: “que no existe ninguna obligación del Gobierno con relación a la Deuda Histórica del Profesorado”, siendo que el propio Gobierno fue quién estimuló su pago.
En razón de lo anterior, los jubilados, por medio del Partido del Adulto Mayor, se adhieren al malestar generalizado que involucra también a otros actores, por ejemplo: ex deudores hipotecarios de ANAP. Los jubilados llevan 24 años en espera se les cancele el 10.6% que les fuera usurpado en 1985, para ayudar la Banca privada. Se debe tener presente que la mayoría de los Bancos hicieron devolución de estos dineros, desconociéndose su actual destino.
La Comisión de la Cámara de Diputados, encargada de estudiar y dar solución a dicha materia, con esta desafortunada declaración, violentó y ofendió a dicho Poder del Estado, donde queda en evidencia una vez más, el mal manejo político desde el Ministerio de Hacienda que siempre ha presentado los mayores obstáculos a vencer en la solución de los problemas planteados. El deber del Gobierno es ahora actuar con responsabilidad para encontrar los caminos de una pronta solución, pues se ha puesto en juego la fé pública, la sinceridad, transparencia y el cumplimiento de honrar la palabra comprometida.
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